Feminicidios al alza, gobierno no garantiza seguridad a las mujeres

Francisco Vásquez

Feminicidios al alza, gobierno no garantiza seguridad a las mujeres

De acuerdo con el contador de feminicidios de la asociación civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, hasta el momento se han registrado 171 feminicidios en lo que va del sexenio del actual gobernador de Oaxaca, cifra alarmante de un fenómeno sistemático que da cuenta de la violencia contra mujeres y niñas, que el Estado es incapaz de contener.

Ana María Hernández Cárdenas, representante de la organización, lamentó la escalada de violencia que dijo se ha ido incrementando en los últimos años y no así las políticas públicas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.

“Nos parece muy grave que desde el gobierno de Gabino Cué y el actual no han atendido de fondo la situación de inseguridad en la que niñas y mujeres están expuestas todos los días”, señaló.

Refirió que no sólo el número de asesinatos de mujeres ha ido en aumento, sino que, desde hace dos años, se ha registrado mayor saña con la que los agresores terminan con la vida de las mujeres, dadas las formas en cómo exhiben los cuerpos, así como el uso de las armas de fuego que es cada vez más común en los homicidios de mujeres.

Hernández Cárdenas condenó la indiferencia del Estado y enfatizó que es realmente vergonzoso que el actual gobierno no tenga la voluntad política para realizar acciones contundentes, pues ya no es una situación de personal y capacitación, sino de una desidia en la función sustantiva de los organismos públicos para atender la violencia contra las mujeres y niñas, agregó.

La activista indicó que desgraciadamente se ha politizado la emisión de la alerta de género en Oaxaca, la cual busca que haya una atención específica en aquellas zonas en donde se da un fenómeno sistemático de violencia y que el Estado es incapaz de contener, además de que no garantiza resultados concretos, como en casos de otras entidades federativas como el estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit, que no han tenido avances importantes en cuanto a esta problemática.

Precisó que en el caso de Oaxaca es preocupante porque se vive un fenómeno estructural de impunidad, pues según datos recopilados por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca el 98 por ciento de los casos de violencia contra mujeres y niñas quedan sin resolverse jurídicamente, aunado al aumento de la violencia que se genera al cometer estos actos delictivos.

“A todos nos preocupan los feminicidios, pero es más grave aún que las mujeres pasan por un conjunto de normas y de procesos de violencia que pueden pararse e incluso ser evitados si se implementara una labor de prevención”, añadió.

Resaltó que no existe una cultura que fomente la educación pacífica de parte de los encargados de implementar las políticas públicas y hacen falta diversos patrones que rompan con los estereotipos de género que hacen que las mujeres estén subordinadas a conductas machistas, problemática que sucede con los tres niveles de gobierno.

Dijo que ni el gobernador, ni el Congreso han dado un puntual seguimiento sustantivo a un paquete de reformas que aumenten la protección a las mujeres, y peor aún con un Poder Judicial subordinado que alberga un machismo agresivo con sentencias que disculpan y perdonan a los agresores.

Señaló que el gobierno de Oaxaca no ha podido sustraerse en su función de prevenir e impartir justicia en esos actos que lesionan y revictimizan a las mujeres, y aseguró que desde la LXIII Legislatura del Congreso del estado, en coordinación con diversas organizaciones sociales, presentaron ante los diputados locales un conjunto de iniciativas de reformas para mejorar la Ley de Acceso a las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, para tipificar la violencia obstétrica, entre otros mecanismos de protección y que se quedaron en la congeladora.

“Era una serie de reformas que ayudarían a tener un mejor marco legal y que los legisladores no tomaron en cuenta, hay una complicidad machista y misógina de los funcionarios”, aseveró.

Citó el caso reciente del artista gráfico César Chávez, quien fuera absuelto del delito de violación por un juez penal de primera instancia, el cual señaló que resulta lamentable que los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia otorguen impunidad a los delincuentes provocando que las mujeres que han sido víctimas de agresores ya no denuncien por una evidente falta de justicia en la persecución de los delitos.

“Nos preguntamos cuáles son los mensajes sociales que mandan estas actitudes de impunidad en el Poder Judicial, pues dejan a las mujeres a expensas de esa violencia y no podemos acogernos a las autoridades”, reprochó.

Al respecto, afirmó que los jueces y magistrados deben someterse a una evaluación y en última instancia a la cadena de mando que está permitiendo ese tipo de sentencias que son a todas luces violatorias de los derechos humanos de las mujeres y de los tratados internacionales que México ha suscrito y que son mecanismos y herramientas jurídicas tan válidas como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Detalló que como organización feminista no han tenido ningún acercamiento con el gobierno estatal, debido a que consideran que no hay claridad en quiénes son los encargados y las funciones que desempeñan, para ejemplo la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña que ha cambiado tres veces de titular, sin embargo, dijo que la administración actual tiene conocimiento de las propuestas que han hecho, ya que desde 2004 iniciaron con el registro diario de la violencia.

“Hemos buscado el diálogo y de incidir ante esta situación sumamente grave, pero las autoridades han sido omisas y la historia se los va a cobrar, será muy grande el costo político para un gobierno que entrega ese tipo de cuentas en donde se están matando a las mujeres, ése no es un buen gobierno”, puntualizó.