No hay avance en el juicio político contra Gabino Cué

Francisco Vásquez

No hay avance en el juicio político contra Gabino Cué

La malversación de recursos públicos por más de 30 mil millones de pesos durante el sexenio del exgobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, de 2010 a 2016 continúa impune, hasta la fecha ni el gobierno del estado, ni el Congreso local o el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE) han emprendido acciones concretas para esclarecer este desfalco que dejó a la entidad en crisis y castigar a los responsables.

El 3 de mayo de 2017, integrantes del Consejo Ciudadano Contra la Corrupción y la Impunidad, integrado por Alejandro Cruz Pimentel, Amira Cruz y el entonces senador de la república por Oaxaca, Ángel Benjamín Robles Montoya, iniciaron un juicio político contra Gabino Cué en el Congreso de Oaxaca, a efecto de que el exgobernador enfrente a la justicia y responda a las acusaciones que hay en su contra.

Desde el inicio, el proceso de juicio político ha sido inconsistente, pues el OSFE no ha presentado el desglose de los ejercicios fiscales de la administración de Cué, así lo dio a conocer a los medios de comunicación María de Jesús Melgar Vásquez, presidenta de la Comisión Instructora de la LXIII Legislatura del Congreso local.

También dijo que el proceso de juicio está en la etapa probatoria, esperando se desahoguen las pruebas de las partes involucradas, ya que fue hasta el 31 de enero de 2018 que Gabino Cué a través de su abogado recibió la demanda, asimismo, mencionó que están a la espera que el OSFE entregue la documentación detallada sobre los ejercicios fiscales de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

Este desglose fiscal es una de las pruebas principales para demostrar si Gabino Cué cometió o no desvío de recursos, actualmente los diputados locales se encuentran en receso que inició el 15 de abril, el cual concluirá el 1 de julio y hasta entonces se verá si hay disposición de darle agilidad al asunto.

Cabe mencionar que un juicio político es el derecho que todo ciudadano tiene para llamar a cuentas a los servidores públicos corruptos y consiste en sancionar a todo aquel funcionario que en el ejercicio de las responsabilidades gubernamentales conferidas, incurran en actos y omisiones que afecten y perjudiquen los intereses públicos fundamentales, lo que se puede lograr con el juicio político es la destitución del funcionario público que haya violado la ley, la destitución o inhabilitación para ocupar otro cargo.

En este contexto, en días pasados, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, fiscal anticorrupción de Oaxaca, acusó a Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general de estado, de robar información de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción para proteger a Gabino Cué y a su equipo de colaboradores como son, Germán Tenorio, Alberto Vargas Varela, Netzahualcóyotl Salvatierra y Jorge Castillo.

Iruegas Álvarez declaró a medios de comunicación que dentro de su organismo especializado se han dado casos de fuga de información y sustracción de datos confidenciales, con el objetivo de alertar a los políticos que poseen acusaciones graves de corrupción y malversación de recursos.

Detallando que con estas acciones se está incurriendo en un delito y lo peor del caso es que provienen de ministerios públicos que han cerrado expedientes que argumentaban ser judicializados, por lo que recalcó que es inaceptable que el personal de la Fiscalía General del Estado tenga estas conductas.

Asimismo, lamentó no contar con la autoridad para remover a quienes han incurrido en estos actos ilícitos, debido a que todos trabajan bajo las órdenes directas del fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, quien es el que tiene la facultad y autoridad para removerlos y sancionarlos.

Otro hecho que resaltó como grave fue que su computadora, donde tienen el Libro de Gobierno en el que se concentra la información de averiguaciones comenzadas o por iniciar, de manera misteriosa llegó el área de informática de la Fiscalía General, se la llevaron entre los meses de enero y febrero, y no la han regresado, además dijo ser blanco de espionaje telefónico.

Todos estos hechos reflejan la impunidad que se vive en el estado, donde quienes roban descaradamente el dinero del pueblo que debe ser utilizado en rubros como salud, educación e infraestructura social, no son castigados y al contrario el actual gobernador solapa este tipo de conductas con su omisión, por lo que resulta una gran interrogante saber hasta cuándo se hará justicia.